Sanidad

La ministra de Sanidad se compromete con UGT a revisar la aplicación de la Ley de Dependencia


FeSP-UGT se reunió el pasado mes de diciembre, con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia. Esta situación está impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.

 

Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación, la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas.

UGT ha pedido a la Ministra en funciones que sea sensible a la problemática del sector. Hay que tener presente que un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia. Sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a CCAA) en residencias, centros de día, atención domiciliaria y la teleasistencia.

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La ministra de Sanidad se compromete con UGT a revisar la aplicación de la Ley de Dependencia


FeSP-UGT se ha reunido este miércoles con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia. Esta situación está  impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son s de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.

Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación,  la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas.

UGT ha pedido a la Ministra en funciones que sea sensible a la problemática del sector. Hay que tener presente que un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia. Sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a CCAA)  en residencias, centros de día, atención domiciliaria y la teleasistencia.

UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario, como se viene denunciando desde hace, no llega a los 1000 euros mensuales. 

La Ley de Dependencia, que data de 2006, no se ha evaluado en 13 años. Del Consejo Interterritorial del IMSERSO de 2008 salió una resolución que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención (residencias y atención domicilio) para garantizar la calidad del servicio. Este documento debía servir de base a las comunidades autónomas para legislar sobre la materia. No llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se compromete a revisar este trabajo y a evaluarlo.

 

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