Salud laboral

578 personas murieron en accidente de trabajo


 

Hasta el mes de octubre de 2019 se han producido un total de 1.145.966 accidentes laborales y se han registrado 578 trabajadores fallecidos en accidente de trabajo, 6 más que los registrados hasta octubre de 2018. De los fallecidos, 516 eran trabajadores asalariados (las muertes entre asalariados descienden en un 7,4%) y 62 eran trabajadores por cuenta propia.

El mayor número de fallecimientos de asalariados ocurridos durante la jornada laboral se produjo en el sector servicios con 191 muertes (disminuyen un 19%, respecto al mismo periodo del año anterior), seguido de la construcción con 87 (aumentan un 14,5%) y el sector agrario con 32 fallecimientos.

Por otra parte, las causas más frecuentes de muerte por accidente laboral son los infartos y derrames cerebrales con 172 fallecimientos y los accidentes de tráfico con 179.

Por otra parte, la mal llamada Economía colaborativa y las malas condiciones asociadas a este sector repercute directamente en la seguridad y salud de los trabajadores, causándoles incluso la muerte. Los plazos ajustados, el exceso de carga de trabajo, las malas condiciones de los vehículos están implicados en el aumento de las cifras de siniestralidad.

Asimismo, el estrés laboral se ha convertido en una pandemia, estando presente en todas las profesiones y centros de trabajo, desencadenando problemas de ansiedad, depresión, etc. que, en casos crónicos, pueden llegar a propiciar los infartos o derrames cerebrales entre los trabajadores que lo padecen.

Enfermedades Profesionales

Por otro lado, las enfermedades profesionales registradas hasta el mes de noviembre ascienden hasta las 25.503, un 13,28% más que las registradas hasta el mes de noviembre de 2018. 13.371 de las cuales no causaron la baja del trabajador, mientras que 12.132 sí que causaron baja. El 52% de las enfermedades profesionales registradas se dieron entre mujeres.
 
El 85% de las enfermedades profesionales se enmarcan dentro del Grupo 2 “Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos”, entre las que se encuentran las patologías asociadas a los trastornos musculo esqueléticos.
 
Otro aspecto que merece la pena destacar es el escasísimo reconocimiento de aquellas enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos y que están encuadradas dentro del Grupo 6 de la clasificación. Hasta el mes de noviembre de 2019, únicamente han sido registradas 53 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 31 fueron provocadas por el amianto.
 
Por lo tanto, y aunque la declaración de las enfermedades profesionales, en términos generales, se está incrementando, permanece una, ya tradicional, infradeclaración de las mismas, sobre todo en aquellas relacionadas con los canceres ocupacionales.
 
UGT demanda entre otras medidas:
 
  1. La actualización del listado de enfermedades profesionales incluyendo aquellas enfermedades asociadas a los factores de riesgos nuevos y emergentes, como los de origen psicosocial.
     
  2. Impulsar el estudio de las enfermedades profesionales emergentes, para conseguir adoptar las medidas preventivas necesarias y evitar así los daños a la salud de los trabajadores.
     
  3. Potenciar la investigación sobre los distintos cánceres de origen laboral que aseguren las evidencias científicas sobre la cantidad de trabajadores expuestos y los niveles de exposición.
     
  4. Actuaciones contundentes de los poderes públicos respecto de la infradeclaración de los cánceres de origen profesional. Los costes derivados hacia el Sistema Público de Salud son inaceptables e insostenibles y deberían ser asumidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
     
  5. Establecer ya el Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto. Los trámites para su aprobación se han visto retrasados en numerosas ocasiones.
     
  6. La inclusión de los trastornos mentales y del comportamiento en el cuadro de enfermedades profesionales español. Estas patologías generan unos altísimos costes asociados, los cuales son asumidos por el Sistema Público. Si las patologías de origen laboral psicosocial fueran reconocidas como contingencia común, los costes asociados deberían, también, ser asumidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
     
  7. La aprobación de una Directiva Comunitaria que regule la prevención del estrés laboral, así como del resto de riesgos psicosociales, ya que existe una falta de prevención de los mismos en el entorno empresarial.
     
  8. El desarrollo de la figura del delegado de prevención a nivel también sectorial y territorial, para suplir las carencias de prevención y mejorar las condiciones laborales en las pequeñas y medianas empresas. Está demostrado que los centros que cuentan con representación de los trabajadores, son centros más seguros.

Fuente: UGT.es

 

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