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UGT y CCOO denuncian el hachazo al Correo Público en la LPGE-2022, 460 millones menos en 3 años


Para ambos sindicatos es parte del desguace que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está realizando, y exigen al Gobierno de Coalición que no mire para otro lado

  • La cantidad asignada en los PGE al fondo de financiación del SPU, 110 millones de euros, es un 50 % menor que la defendida por los partidos del gobierno actual cuando eran oposición para garantizar un servicio postal accesible y asequible a la ciudadanía. 
  • Mientras se recorta el servicio público postal, el presupuesto del Ministerio de transportes aumenta un 16% más que en 2021. 
  • Por ello, CCOO y UGT reclaman al Gobierno que deje de mirar para otro lado e incluya a Correos en la agenda social de recuperación y mejora de los servicios públicos esenciales como el postal impulsando el crecimiento sostenible del operador y manteniendo como un eje fundamental en su actividad la misión de servicio público

En la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en el Congreso, el Gobierno de coalición (PSOE/UP) ha vuelto a incumplir el compromiso adquirido con los trabajadores/as de Correos cuando estaba en la oposición y defendía la necesidad de garantizar la financiación (220 millones) para el SPU a través de los PGE. Tres años después de su llegada al Gobierno del país, el recorte acumulado del SPU es de 460 millones de euros, a lo que se suman casi 500 millones de pérdidas en la cuenta de resultados de la compañía, hecho del que no es ajeno el problema de gestión suscitado desde la llegada de un equipo de dirección presidido por Juan Manuel Serrano.

El Gobierno ha asignado en los PGE22 110 millones de euros al fondo de financiación del SPU, a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha crecido un 16% respecto del año anterior. Esta cantidad es totalmente insuficiente y muy alejada (50% menos) de los 220 millones que, por acuerdo entre el entonces Ministerio de Fomento y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, enviaron a Bruselas como financiación necesaria para el SPU en 2018 y que el actual Gobierno de coalición defendía cuando era oposición. 

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