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¿Perder cientos de euros tu plan de pensiones público por no desconocimiento?


Miles de empleados de la Administración General del Estado (AGE), tanto funcionarios como interinos, se quedan sin acceder a un plan de pensiones impulsado hace ya casi dos décadas, y por lo tanto sin cobrar los cientos de euros, miles en algunos casos, que les corresponden de oficio ni beneficiarse de las desgravaciones en el IRPF que podrían generar sus aportaciones, por mero desconocimiento de su existencia. Información de Público.es

Se da así una situación paradójica, en la que BBVA está como depositario de un fondo que supera los 600 millones de euros, el grueso de ellos aportado por ministerios y agencias públicas, cuyo destino final sigue siendo un misterio, ya que la cifra de beneficiarios apenas supera los 2.000 (2.279) mientras la de partícipes, menguante también, no llega al medio millón (496.692).

“Es el partícipe el que tiene que iniciar las gestiones para el cobro de la prestación“, indican fuentes de BBVA, que anotan que para eso los empleados públicos pueden contactar con el banco o la gestora (Gestión de Previsión y Pensiones, del mismo grupo bancario) tanto en las oficinas como por medios telemáticos.

En términos similares se pronuncian fuentes de Hacienda, que señalan que el plan “al ser del sistema de empleo es promovido por la Administración General del Estado y diferentes organismos y entidades dependientes de la misma y otros entes públicos, en favor de todos sus trabajadores”, que añaden como canales de información para estos la web del propio programa y el Portal del Empleado Público.

En cualquier caso, los números indican que esos canales de información no están funcionando de manera fluida, ya que con una plantilla total de 516.400 miembros según los datos del propio Gobierno (incluye efectivos de Defensa y las Fuerzas de Seguridad, policías y guardias civiles) en la que entre 33.700 (2009) y 80.500 (2020) se encuentran año tras año por encima de la edad mínima de jubilación, según los registros de la EPA (Encuesta de Población Activa), la cifra de beneficiarios no pasó de los 14.000 en la primera década de funcionamiento y apenas supera ahora los 2.000 pese a la laxitud de los requisitos para ser partícipe: tener al menos dos años de antigüedad, ya sea como funcionario de carrera o como interino, personal laboral, contratado, eventual o alto cargo, y no haber manifestado la renuncia a serlo, según indican las especificaciones del plan.

“Lo han perdido por no haberlo reclamado”

“Ahí hay un dinero que es de los empleados públicos, pero se está despistando mucha gente y la Administración no se preocupa de difundirlo”, explica Antonio González, representante de UGT en la AGE.

“Funcionarios que se han jubilado estos años lo han perdido por no haberlo reclamado“, explican fuentes conocedoras de la gestión del programa, que recuerdan cómo la decisión de activarse como partícipe y de hacer aportaciones particulares fue elevada en los primeros años para ir decayendo después.

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