El doble rasero del Estado frente al teletrabajo: las empresas deben proveer equipos, la administración no

Las pandemia nos pilló a todos, que duda cabe, por sorpresa, y la Administración General del Estado (AGE) no fue una excepción. De la noche a la mañana ir a la misma oficina de siempre suponía un riesgo importante para la salud de los trabajadores, y muchas organizaciones, también las públicas, optaron porque una parte de sus empleados trabajasen en casa. 

Lo súbito e inesperado del cambio hizo que, en muchos casos, esos funcionarios que se marcharon a teletrabajar tuviesen que usar dispositivos personales para seguir ejerciendo sus labores ante la falta de recursos del Estado para dotar a cada uno de ellos de equipos profesionales adecuados, según explican a Xataka los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Una circunstancia que el Gobierno planea prorrogar al menos hasta diciembre de 2023, según el borrador del decreto de teletrabajo para los empleados públicos.

Esta moratoria llama especialmente la atención porque supone un trato desigual si se compara con lo que la legislación exige los empresarios del sector privado que tengan a parte de su plantilla teletrabajando. “La Ley de Trabajo a Distancia, en su Disposición transitoria tercera, especifica que las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario”, explica a Xataka Raúl Rojas, socio del bufete de abogados ECIJA experto en derecho laboral.

La ley exige esto incluso en los casos en los que el trabajo a distancia se use de forma excepcional como medida de contención sanitaria derivada de la Covid-19, y, por supuesto, también en los acuerdos para formalizar el teletrabajo a largo plazo, por lo que el Estado obliga a los empresarios a ofrecer unos derechos a sus empleados que la propia Administración no da a los suyos.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública explican a Xataka que esa moratoria responde a la necesidad por parte del Estado de disponer del tiempo necesario para efectuar una correcta planificación de los recursos existentes para la implantación del teletrabajo, y se escudan en que ha sido negociada con los sindicatos. Pero no hacen ningún comentario acerca de la disparidad de criterios entre lo que piden a sus funcionarios y lo que el Estado exige al sector privado. 

También señalan que la modalidad ordinaria de prestación de servicios ahora mismo es la presencial, y que los funcionarios sólo pueden acogerse al teletrabajo un 20% de su jornada laboral, es decir, un día a la semana, con las excepciones de los casos en los que se catalogue al trabajador como especialmente sensible por razones médicas o se encuentre en situación de cuarentena obligatoria por Covid.