UGT insta a Sanidad a que tome medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y trabajadores del Sector de Dependencia y palíe la escasez de recursos

En la misiva dirigida a Faustino Blanco, Secretario General de Sanidad, el sindicato denuncia los problemas que están sufriendo los empleados principalmente por la falta de equipos de protección individual (EPIs). Esta circunstancia pone en riesgo su salud y hace que aumente el riesgo de contagio para el resto de la población. Aunque es cierto que las casuísticas son diferentes según las CCAA, es generalizado la falta de protección entre los trabajadores del transporte sanitario. En otras regiones el caso es el contrario, son los que reciben a los enfermos quienes carecen del material adecuado.

Por otra parte, UGT también se ha dirigido a Ignacio Álvarez, responsable de todo el ámbito de los Servicios Sociales, Residencias (ya sean públicas o privadas), Servicio de Atención a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. El sindicato entiende que, aun estando transferidas las competencias a las CCAA, el Estado es el último responsable de los servicios públicos.
UGT ha venido denunciado la precaria situación de estas trabajadoras. Desde la FeSP-UGT hemos expresado nuestra gran preocupación, tanto por las personas que reciben atención como por las trabajadoras que la están prestando.

En esta situación UGT entiende que los EPIs son fundamentales para disminuir la diseminación de la enfermedad. Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio van en transporte público de un servicio a otro y es imprescindible que haya un EPI en cada domicilio para que puedan protegerse y proteger a los usuarios, ya que son un grupo de población vulnerable, y que en muchas ocasiones no pueden prescindir de la asistencia.

Además, UGT ha pedido establecer un criterio según las necesidades para no dejar sin atender a ninguna de las personas que precisen de que alguien les aseen o les den de comer, así como llevarles comida o las medicinas que precisen. Es preciso organizar estos servicios mínimos, evitando al mismo tiempo que el colectivo de trabajadoras pueda sufrir merma de sus ingresos por la disminución de los servicios, ya que es un colectivo muy castigado por la precariedad en el empleo. Estas trabajadoras están prestando un servicio esencial a la población más vulnerable.