FeSP UGT presenta una denuncia ante el Defensor del Pueblo andaluz contra los recortes a las Universidades Públicas de Andalucía
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha presentado ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz una denuncia, en forma de queja, junto a un número importante de firmas de apoyo, encabezadas por la Secretaria General de UGT Andalucía, Carmen Castilla y por el Secretario General de FeSP UGT Andalucía, Antonio Tirado. Entre las firmas se encuentran miembros de la Comisión Ejecutiva de FeSP UGT Andalucía, de UGT Andalucía, de sus Federaciones Provinciales, de sus responsables en todas las Universidades andaluzas, afiliados y afiliadas a la UGT, universitarios andaluces y ciudadanos/as, en general. En total, se han recogido más de 2.000 firmas.
En la justificación de la queja se solicita la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz con el objeto de que evite estos recortes de la Junta de Andalucía a las Universidades Públicas de nuestra Comunidad Autónoma, porque supondría una tropelía que llevaría a las Universidades a su insuficiencia financiera, Lo que le impediría ejercer sus funciones como bien público, que contribuye a la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en la sociedad andaluza. El documento de justificación de la queja se puede consultar en: https://473bce68-e811-4aad-a249-8b2c74f4c2a1.filesusr.com/ugd/30d2e6_1df77b78a1ea40f9bb7e607583c9eb6d.pdf
UGT ya señaló en su momento, la injusticia de la medida, el Gobierno Andaluz que ha aprovechado el momento actual provocado por la triste situación de la pandemia para efectuar un recorte de alcance desproporcionado en el presupuesto de las Universidades Públicas andaluzas, bajo la pretendida justificación de la creación del Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. Una justificación poco verosímil, que oculta sus verdaderos intereses, y que tienen que ver con la desviación de esas cantidades a fines de dudoso interés público. Todo ello, no parece tener otro sentido que la pretensión indisimulada de perjudicar a las universidades públicas de Andalucía, para beneficiar a la llegada de Universidades privadas, que están desembarcando como nunca había ocurrido antes en nuestras tierras.
El recorte previsto asciende a 135 millones de euros del gasto corriente al que hay que sumar 125 millones de euros más procedentes del plan extraordinario de infraestructuras destinadas a las Universidades, lo que en conjunto supone nada menos que una aportación de las Universidades Públicas andaluzas de 260 millones de euros, un 37,1%, cuando su participación en los presupuestos de la Junta de Andalucía es sólo del 3,5%. Este recorte se produce a pesar del valor de las Universidades Públicas, en todos los planos, sobre nuestra Comunidad Autónoma y especialmente en el impacto sobre el PIB andaluz. Con ello, la Junta de Andalucía, ha reducido un 10% la partida presupuestaria destinada al normal funcionamiento de las Universidades públicas (gastos de personal, gastos ordinarios, gastos extraordinarios derivados actuaciones estratégicas relacionadas con la pandemia).
No deja de ser sorprendente y contradictorio, que el Gobierno andaluz, a la vez que recorta a las Universidades Públicas de Andalucía, obligándoles a reducir sus ahorros (remanentes), se hayan opuesto con gran intensidad al uso de los remanentes de los Ayuntamientos por el Estado, cuando eran unas condiciones muy distintas, ya que implicaba su devolución y no afectaba al presupuesto ordinario.
El fondo previsto por el Estado destaca la necesidad de reforzar la Educación Pública y la Investigación, ambas actividades propias de las Universidades. Para el gobierno andaluz parece que la Educación Universitaria no es bien público esencial en el bienestar e igualdad de oportunidades de los ciudadanos andaluces.
Este recorte es solo el primer paso en el desmantelamiento de la Universidades Públicas de Andalucía, para entregarlas en manos privadas.
