UGT traslada al Ministerio de Políticas Sociales la insoportable situación de precariedad que sufren las trabajadoras de la Dependencia
El Gobierno no puede eludir su responsabilidad y deben exigir a las empresas concesionarias que cumplan sus compromisos laborales.
El sindicato ha calificado de infamia la negativa de las patronales a actualizar las tablas salariales conforme se recoge en su convenio.
UGT servicios Públicos continua su campaña reivindicativa para reclamar a las patronales de la Dependencia que cumplan sus compromisos y actualicen las tablas salariales de sus plantillas de acuerdo al IPC real. El sindicato ha remitido una carta dirigida a Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde le explica la insoportable situación que sufren las trabajadoras del sector de la Dependencia y piden que asuma sus resposabilidades. En este mismo sentido, durante este mes de marzo, las secretarías de Dependencia de UGT Servicios Públicos de todas las Comunidades se han ido dirigiendo a las consejerías competentes de sus respectivas autonomías parta trasladar la grave situación que sufren las trabajadoras de este sector.
El sindicato ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor y ha calificado de infame la actuación de las patronales en este aspecto, pues condenan a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad. Se trata de un colectivo de más de 275.000 personas que ven cómo su poder de compra disminuye día tras día por la negativa de las patronales a aplicar el artículo 8 del VII Convenio Marco Estatal. Este texto recoge expresamente que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior. La cláusula de revisión salarial automática opera, por tanto, automáticamente, al encontrarse este Convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB del año 2021 ascendió al 5,5%” argumenta el sindicato en la carta que ha dirigido a las distintas consejerías competentes.
Nos encontramos con un sector fuertemente privatizado, que presta el servicio en conformidad con las Administraciones Públicas utilizando para ello diferentes vías: concertación de plazas, licitaciones públicas para la gestión de los servicios y colaboración entre entidades del sector y Administracion Pública. Desde las Comunidades Autónomas se están destinando importantes partidas económicas para financiar la Dependencia, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo. Sin embargo, lo que inicialmente se preveía como un nuevo yacimiento de empleo tras la publicación de la Ley 39/2006 de la Dependencia, ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como “empleo de calidad”.
En este contexto, el Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia firmado por el Gobierno, las patronales y los sindicatos, vinculaba la financiación adicional prevista a que parte de ella repercutiera en las condiciones laborales de las trabajadoras. Algo que, finalmente, no parece que esté ocurriendo. Por eso, el sindicato pide al Gobierno y a las Autonomías que no eludan su responsabilidad y exijan a las concesionarias de este servicio público que cumplan sus compromisos laborales.
UGT Servicios Públicos recuerda que el 25 de enero inició un proceso en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para tratar de solucionar esta situación, aunque ya adelantó que adoptaría las medidas necesarias para que las patronales aplicasen un incremento del 6,5% en todos los conceptos retributivos correspondiente al IPC real del año 2021. Esta acción forma parte de la campaña iniciada para reclamar “en la dependencia salarios dignos”.
