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La Administración está pluriempleando a los trabajadores clandestinamente


Los empleados públicos llevamos años de congelaciones salariales, pérdidas retributivas directas, así como de días de permiso, vacaciones y un sinfín de derechos laborales más, como la realización de ERE en la Administración Pública habilitada por la Reforma Laboral.

Y ahora tras una política de Recursos Humanos que sólo se ha centrado en disminuir los costes de personal a base de jubilaciones y de la no reposición de efectivos, se encuentra la Administración Pública con que no tiene trabajadores que puedan realizar la prestación de los servicios públicos.

Debido a la falta de dotación de personal de los Tribunales Económicos Administrativos Regionales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha visto en la necesidad de ofrecer a los trabajadores de la Agencia Tributaria comisiones de servicio para agilizar la resolución de los expedientes puesto que los Tribunales Administrativos se encuentran desbordados.

Ahora nos encontramos con que van más allá, y que han pedido a trabajadores de la Agencia Tributaria que realicen horas extraordinarias por las tardes, al finalizar su jornada diaria en la AEAT, en el Tribunal Económico Administrativo Central, pues debido a la falta de personal existe un elevado número de expedientes próximos a caducar, lo que supondría una importante pérdida recaudatoria para el Estado.

Tras empobrecer a los empleados públicos, ahora se aprovechan de sus necesidades para que realicen el trabajo que debería ser ofrecido mediante oferta pública de empleo, y es que con una tasa de paro superior al 25% en nuestro país no se pueden entender estas prácticas, y amortizar el 90% de los puestos vacantes por jubilación.

La UGT-AEAT es consciente de la necesidad de reforzar a los Tribunales Económico Administrativos, si ello representa una mejor recaudación para el Estado, pero no se puede hacer a costa de pluriemplear y mermar una plantilla como es la de la Agencia Tributaria que ya de por sí es muy escasa.

Entendemos que los trabajadores tras perder en los últimos cuatro años más del 30% de su poder adquisitivo, se vean obligados a aceptar esta situación laboral, pues el sostenimiento de sus familias es lo primero. Pero no podemos quedarnos callados ante estas actuaciones clandestinas de la Administración, que no son propias de un Estado democrático y de derecho.

¿CÓMO SE RECOGEN ESTAS ACTUACIONES EN LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?

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